Por: Elías Vargas M.

El nuevo esquema para el diésel, con un precio inicial de Bs 17,95 por litro, representa mucho más que un incremento en el precio de los combustibles. Significa un cambio en la estructura de costos de prácticamente toda la economía boliviana.

El transporte, la construcción, la minería, la agricultura y la industria enfrentarán mayores costos operativos. Y ese incremento, dependiendo de cada actividad, puede trasladarse al precio final de bienes y servicios.

¿Qué puede ocurrir con la economía?

El primer efecto será sobre los costos de producción y transporte. Un productor que utiliza maquinaria a diésel, una empresa que moviliza mercadería o un transportista que presta servicios deberá destinar una mayor cantidad de recursos para mantener su actividad.

Esto puede generar un efecto en cadena:

mayor costo del diésel → mayores costos operativos → aumento de precios → presión sobre la inflación.

Sin embargo, la eliminación de la subvención también tiene otra dimensión. Según el Gobierno, el Estado destinaba alrededor de $us 55 millones por semana a la subvención de combustibles, recursos que ahora podrían ser destinados a inversión, producción y otras prioridades públicas. El resultado económico dependerá, por tanto, de qué ocurra con esos recursos y de la capacidad de las empresas para absorber o trasladar el incremento de sus costos.

¿Y el efecto tributario?

Aquí aparece un punto interesante para las empresas: el precio final incorpora IVA. Por ello, el aumento del precio del diésel también incrementa el IVA contenido en las facturas de combustible, siempre que corresponda su utilización como crédito fiscal.

En otras palabras, el nuevo precio no solamente debe analizarse como mayor gasto, sino también desde su efecto sobre el IVA, el crédito fiscal y la estructura de costos de cada empresa.